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Las organizaciones empresariales alertan de la inseguridad jurídica de la FP obligatoria
10-11-2022
Las organizaciones empresariales alertan de la inseguridad jurídica de la FP obligatoria

Cecot, Ciesc y UEI piden al Govern que apruebe de forma urgente el Anteproyecto de Ley para modificar el Sistema de Formación Profesional para el Empleo. Quieren, pues, que se explicite de forma clara y directa las acciones formativas obligatorias bonificables. Hace unos meses se publicó una sentencia de la Audiencia Nacional que ha generado malestar e inquietud en las organizaciones empresariales, empresas y en el sector de la formación. También puede tener una gran trascendencia en la formación bonificada con las cuotas de la Seguridad Social. El veredicto resuelve que los cursos de Prevención de Riesgos Laborales que son formación obligatoria no pueden bonificarse con el crédito de formación. Por su parte, el SEPE (Ministerio de Trabajo) y también FUNDAE siguen defendiendo que la bonificación de la formación en PRL es perfectamente legal. De hecho, las tres organizaciones empresariales secundan los informes jurídicos de FUNDAE. Consideran pues, que sí que son bonificables las acciones formativas de prevención de riesgos laborales que establece, el Convenio Colectivo Estatal del Metal (CEM). Sin embargo la Inspección de Trabajo (ITSS) mantiene el criterio contrario. Esta discrepancia entre dos organismos del Ministerio de Trabajo sitúa a las empresas en un contexto de total inseguridad jurídica.